(CNN Español) – Un grupo de empresarios del sector de los cuadernos en Colombia podría recibir una multa superior a los 22 millones de dólares en los próximos días por presuntamente haber formado una alianza anticompetitiva para controlar los precios de estos productos durante 14 años.
Así lo establece el resumen del Informe Motivado de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) que esa institución le entregó a CNN en Español y que contiene apartes de la investigación a tres grandes empresas por la conformación ilegal de alianzas empresariales para evitar la llamada “guerra de precios” en el sector de los cuadernos.
Las compañías investigadas por este presunto cartel son Carvajal Educación S.A.S, Colombiana Kimberly Colpapel S.A. y Scribe Colombia S.A.S. Estas dos últimas podrían ser exoneradas del 100% de las multas, pues suscribieron acuerdos por colaborar con la SIC, un mecanismo jurídico que permite a la autoridad de competencia otorgar beneficios a los participantes en carteles empresariales a cambio de su información para detectar, desmantelar y sancionar esas prácticas anticompetitivas.
Según el resumen del Informe Motivado de la SIC, el acuerdo entre empresarios surgió desde 2001 para “fijar directa e indirectamente los precios de los productos del mercado de cuadernos” con lo que se incurrió en “prácticas restrictivas de la libre competencia económica”. El delito es conocido también como colusión, por el medio del cual las empresas —en este caso—pactan cobrar más de lo que corresponde por un producto o servicio.
“[Las empresas] participaron en un acuerdo permanente e ininterrumpido para la fijación de precios mediante la concertación del precio de venta de los productos, el porcentaje de incremento y el de descuento que podrían conceder a los canales de comercialización”, dice el informe del superintendente delegado a cargo de la investigación.
Se espera que en los próximos días el superintendente de Industria y Comercio, Pablo Felipe Robledo, establezca si se interpondrá la multa a este sector empresarial.
La concertación de estas alianzas anticompetitivas se hizo a través de reuniones periódicas en varias ciudades del país y la comunicación directa entre funcionarios de la compañía que pusieron en marcha los acuerdos “a través de llamadas telefónicas, correos electrónicos y mensajes de texto de WhatsApp”, dice el apartado sobre las pruebas del informe.
Carvajal no se ha pronunciado oficialmente sobre las investigaciones de la SIC. Una fuente cercana a la empresa Carvajal le dijo a este medio que la compañía está atendiendo los requerimientos de la SIC dentro de las investigaciones que se adelantan y que como “decisión corporativa” decidieron no ser parte de las empresas delatoras.
Un funcionario de la empresa Scribe de Colombia dijo que hasta que no se dicte una sentencia por parte del superintendente “no se dan declaraciones al respecto”.
La casa matriz de Kimberly Clark en Estados Unidos le dijo a CNN en Español que “la investigación de los cuadernos por la SIC está relacionada a un negocio que Kimberly Clark vendió en 2011 y desde entonces la compañía no tiene ninguna conexión con ella”.
“Kimberly Clark Colombia ha ofrecido a la SIC su completa y absoluta cooperación en la investigación de los cuadernos, y seguirá haciéndolo”, añade la oficina principal de esta compañía en un correo electrónico enviado a CNN.
Otros carteles
El fenómeno de los carteles en Colombia no es nuevo. En los últimos años, la Superintendencia de Industria y Comercio ha descubierto que se han puesto en marcha al menos once presuntos esquemas en organizaciones empresariales que están siendo investigados para determinar si se trata de carteles. Mientras avanzan las pesquisas en la SIC se refieren a ellos como “presuntos carteles” hasta que puedan determinar si hubo un acto de “cartelización”, explica el Superintendente Pablo Felipe Robledo.
Una de las multas más representativas fue impuesta en 2015 a Asocaña y 14 empresas más del sector azucarero colombiano por cartelización empresarial “para obstruir de manera concertada, coordinada y continuada, las importaciones de azúcar hacia Colombia provenientes Bolivia, Guatemala, El Salvador y Costa Rica”. El sector fue multado con 320.000 millones de pesos (105 millones de dólares), una suma que no supera el 7% de sus ingresos anuales ni el 7% de su patrimonio, según indica la SIC.
Luego de conocerse la sanción, Asocaña dijo que no comparte la decisión adoptada por la SIC y enfatizó en que “no ha existido ni existe cartel de precios del azúcar” y que la Superintendencia “no tiene competencia para modificar un mercado regulado por el Estado”.
“Ante la inexistencia material de los hechos y de su impacto en los mercados, es obvio que, ni Asocaña ni los ingenios, ni sus directivos y representantes legales, causaron daño alguno a los denunciantes, ni al mercado nacional, ni mucho menos a los hogares colombianos”, dice la entidad en un comunicado de ocho puntos emitido el 31 de diciembre de 2015.