El principio de autoridad está en juego en Valle Nuevo con la resistencia de los ocupantes para acatar el plazo de desalojar el parque que les dio el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales. No solo no han comenzar a recoger, sino que en lugar de hacerlo al menos los grandes productores han elevado un recurso de amparo ante el Tribunal Superior Administrativo (TSA).
El plazo de 120 días culmina a finales de enero del año próximo. Empresas como Granja Mora, Flores Purama y Flores Antillana han pedido la anulación de la resolución que les ordena salir de un área protegida, donde nacen los principales ríos que abastecen de agua a la población.
Cuesta aceptar que tras desempeñar la Procuraduría General de la República y por su largo ejercicio como jurista, el titular de Medio Ambiente, Francisco Domínguez Brito, pudiera apartarse siquiera un ápice de las disposiciones legales al actuar en el caso de Valle Nuevo. Pero las empresas que rechazan la medida alegan que se “inobservaron de manera grosera” varias disposiciones legales con la orden de desocupación, lo que ha dado lugar a expectativas sobre el desenlace del conflicto.
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