El partido Fuerza del Pueblo (FP), a través de sus representantes en el municipio de La Vega, ha presentado un recurso contencioso-administrativo para anular una serie de resoluciones que consideran violatorias de la Constitución y la Ley 176-07, que regula los municipios. El recurso fue interpuesto ante la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia de La Vega, actuando como Tribunal Contencioso Administrativo.
El equipo legal del partido, liderado por los abogados Miguel Alberto Surún Hernández y Francisco Guillén, sostiene que las resoluciones que permitieron la revocación de la renuncia de la vicealcaldesa Amparo Altagracia Custodio Guerrero, así como su posterior nombramiento como alcaldesa y la designación de Amado Gómez Cáceres como vicealcalde, carecen de base legal. Según la FP, estos actos representan un peligro para la estabilidad institucional del municipio.
De acuerdo con la denuncia de Fuerza del Pueblo, dichas resoluciones fueron aprobadas en sesiones extraordinarias que califican como irregulares, ya que no habrían contado con convocatorias formales ni procedimientos adecuados. «Es evidente que estas acciones son un atentado contra el Estado de Derecho y la voluntad popular», declaró Surún Hernández, subrayando la gravedad de la situación.
El recurso busca no solo la anulación de estas resoluciones, sino también el reconocimiento de la irrevocabilidad de las renuncias presentadas por Cruz y Custodio. «El Concejo de Regidores no posee la facultad para revocar renuncias ni para designar alcaldes y vicealcaldes. Su función es estrictamente normativa y de fiscalización, tal como lo establece la ley», expuso Fuerza del Pueblo en el documento presentado ante la instancia judicial.
La impugnación subraya el compromiso de la FP con la defensa del marco legal y la institucionalidad democrática, exigiendo que las autoridades municipales se apeguen a los principios del Estado de Derecho y actúen dentro de los límites de sus atribuciones legales.
