En el sector público hay unos 90 mil empleados, al margen de otros servidores, que están acogidos a carreras especiales en los campos diplomático, de salud y judicial, los cuales no pueden ser cancelados a menos que cometan faltas graves en sus funciones, advirtió Gregorio Montero, subsecretario de Administración Pública y experto en derecho administrativo.
De su lado, el vicepresidente ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus), Servio Tulio Castaños, aseguró que los despidos indiscriminados son un atentado contra principios sagrados del Estado.
Montero recordó que estos servidores no solo están protegidos por la Ley de Función Pública 41-08 sino también por el artículo 143 de la Constitución de la República, que establece claramente la no sustitución de empleados de carrera sin que se justifique previamente la comisión de una falta grave.
“Esas faltas graves están desarrolladas en la Ley de Función Pública, y la Constitución agrega que la destitución de un funcionario de carrera sin causas establecidas en la Ley se considera un acto inconstitucional. Es decir, la propia Constitución establece una garantía y la propia Constitución establece como uno de sus principios de garantía la tutela judicial efectiva”, argumentó Montero en una entrevista en el programa Propuesta de la Noche, por Digital 15.
El funcionario explicó que en adición a esos derechos constitucionales, que incluye la acción de amparo, la Ley de Función Pública establece que los empleados públicos de carrera que sientan que uno de sus derechos ha sido vulnerado, puede acceder al Tribunal Superior Administrativo y presentar allí un recurso contencioso administrativo para anular ese acto violatorio a sus derechos.
«Es decir, tenemos las garantías jurídicas, institucionales y las autoridades públicas deben de entender que existe el derecho de los empleados públicos de carrera a la estabilidad», dijo el funcionario.
Posición de FINJUS
Castaños advirtió que las amenazas y anuncios de despido de los servidores públicos representan una afrenta a la tradición civilista de la que debería estar revestido el Estado dominicano, no solo porque las leyes recientes de función pública y la propia Constitución lo prohíben, sino que también protegen a quienes realizan una labor meritoria..
Dijo que el país saluda que las nuevas autoridades determinen quiénes se han aprovechado de los recursos del Estado en forma ilegal, en cualquiera de las formas, que van desde las botellas hasta quienes han distraído recursos para su provecho personal o particular”.
Sin embargo, advirtió que lo que no es correcto desconocer los límites legales y los procedimientos incluidos en sus reglamentos para aplicar medidas que tendrían como resultado la intranquilidad, el desasosiego y el malestar general”.
Castaños manifestó que actualmente la población necesita de tolerancia y paciencia para enfrentar los agudos problemas generados por la pandemia y la crisis económica. “Bien harían las nuevas autoridades si llaman la atención a quienes están pregonando amenazas de despidos y retaliaciones innecesarias”.
Afirma empleados del Estado serán reubicados
El presidente electo, Luis Abinader, aseguró que los empleados que trabajan en las instituciones que serán eliminadas o reestructuradas y que brindan un servicio al país no serán cancelados de los puestos de trabajo.
“Todo ese personal de esas instituciones nosotros lo vamos a relocalizar en diferentes áreas, todos los que tienen el servicio administrativo, no importa que sean peledeístas y no importa que sean de otros partidos, pero hay que eficientizar el gobierno”, dijo el próximo presidente.
