Representantes de varios partidos políticos apoyaron la admonición de la Junta Central Electoral (JCE) por violación a la propaganda y actos prohibidos en la ley durante la precampaña, pero ven difícil que tenga efectos por la falta de un régimen de consecuencias y haber sido emitida de forma tardía.
Javier Ubiera, de la Fuerza del Pueblo, señaló que la Junta hace una conminación a los partidos de manera tardía.
«Desde que inició la precampaña se está infringiendo la ley y al no haber un control al justo tiempo ha permitido que en las provincias y municipios se iniciaran actividades en contra de la norma», acotó.
Sostuvo que ahora hay que ver cómo pueden entrar a la legalidad los partidos que han infringido la ley. Pero afirmó que las actividades de la Fuerza del Pueblo están en el marco de la ley.
Tácito Perdimo, delegado del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), consideró buena las intenciones de la Junta, pero cree no hay una ley efectiva, porque no hay consecuencias, debido a la debilidad de la legislación.
Sostiene que es un asunto fundamentalmente moral. «No va a pasar nada, todo va a quedar igual porque no hay un régimen de consecuencias», estimó.
Miguel Vargas, candidato presidencial del Partido Revolucionario Dominicano (PRD) consideró que esa organización siempre ha actuado apegada a las leyes electorales, y que la resolución de la JCE llega tarde, pues la precampaña electoral inició el 2 de julio.
“Arbitrar los procesos implica ser oportuno en la toma de medidas que regulan los propios procesos y que implican la participación de otros actores.
Entendemos que se hace necesario que la JCE convoque al liderazgo partidario para llegar a un acuerdo posible que viabilice el espíritu de la normativa electoral.
Mientras Yanet Camilo, delegada del PRD, sostuvo que este es un país donde nadie hace nada sin un régimen de consecuencias.
Entiende que la Junta tendrá que llamar a los partidos políticos a un diálogo, para que haya un régimen de consecuencias.
«Lo que procede ahora es que la Junta convoque al liderazgo de los partidos, para que los conmine a cumplir con la ley», expresó. Indicó que la ley de partidos y la ley electoral, con sus virtudes y fallos, es producto del Congreso de la República, donde tienen vigencia los partidos políticos.
Junta debe actuar
Sergio Holguín, delegado político de Alianza País, dijo que apoya la prohibición de la propaganda y las actividades proselitistas.
Piensa que la Junta tiene una unidad de seguimiento, que debe funcionar y comenzar a actuar.
«Debemos pasar de las palabras a las acciones porque hay que poner órdenes», puntualizó.
Señaló que la JCE puede imponer medidas cautelares, aunque acotó se trata de sanciones administrativas que no implican penas.
«Pero lo que hay es que actuar y sancionar en base a la ley para ordenar las casas.», expuso.
Sostiene que la precampaña es un tiempo donde los candidatos deben promocionarse a lo interno para que los partidos políticos y militantes puedan valorarlos.
Precisó que hay cosas permitidas y no permitidas, porque ahora están en un tiempo interno.
La admonición de la Junta
La JCE publicó un comunicado, en espacio pagado, en el cual otorgó un plazo de 15 días a los partidos y aspirantes a cargos electivos a retirar la propaganda prohibida y mensajes publicitarios en radio y televisión hasta el 25 de agosto.
Al ser consultado sobre esa medida, el presidente de la Junta , Román Jáquez Liranzo, se limitó a decir «nos vemos el 25 de agosto».
Los representantes de los partidos y del órgano electoral fueron abordados en el marco del taller sobre afiliación y desafiliación que celebra la JCE, dirigido a las organizaciones políticas.
Advirtió que impondrá medidas cautelares a los partidos que no cumplan con lo ordenado en la admonición prevista en la legislación de partidos y la electoral.
