El contrato ha sido objeto de escrutinio por las autoridades debido a indicios de corrupción en el proceso de adjudicación y ejecución. Aunque aún no se han hecho públicos todos los detalles de la investigación, el Ministerio Público ha señalado a Gómez como una de las figuras clave en este caso.
En paralelo a su interrogatorio, su abogado defensor, Carlos Balcácer, también se trasladó a la sede de la Procuraduría General de la República, ubicada en el Centro de los Héroes, en el Distrito Nacional, para acompañarlo durante el proceso.
Defensa descarta acusaciones de terrorismo
Al conocer algunos de los cargos que el Ministerio Público está presentando contra su cliente, Balcácer reaccionó enfáticamente, desestimando la posibilidad de que las acciones imputadas a Gómez puedan calificarse como terrorismo. “Cada infracción tiene sus elementos que la caracterizan de acuerdo a la ley, eso no está dentro del delito de terrorismo, que requiere un concierto de voluntades y de financiamiento. Pero no estamos en clases de derecho”, expresó el abogado.
Uno de los señalamientos clave contra Gómez es la supuesta manipulación de los semáforos en la capital dominicana. Ante esto, Balcácer argumentó que “apagar un semáforo puede considerarse obstrucción al tránsito, pero no terrorismo”. El togado también defendió a su cliente ante las acusaciones de falsificación de documentos, señalando que este tipo de infracción no se ventila en una jurisdicción penal, subrayando así que el caso no debe tratarse con la complejidad que plantea el Ministerio Público.
El caso sigue su curso
Aunque todavía no se ha emitido un informe oficial sobre el interrogatorio de Jochi Gómez, las expectativas son altas debido al impacto que el caso de la modernización del sistema de semaforización podría tener en términos legales y políticos. Las investigaciones continúan, y se espera que en los próximos días se revelen más detalles sobre las acusaciones y posibles acciones legales contra Gómez y otros implicados.
Por el momento, la defensa de Gómez insiste en que las acusaciones no justifican un tratamiento tan severo, mientras el Ministerio Público parece decidido a seguir adelante con el caso bajo la lupa de la PEPCA.