Miguel Valerio y Ramón Núñez hicieron esa petición tras finalizar con su defensa en el juicio en el que también solicitaron que se dicte una sentencia absolutoria a favor de Díaz Rúa, toda vez que consideran que el Ministerio Público no probó su acusación, y no aportó pruebas suficientes para establecer la responsabilidad penal del exministro.
Pidieron al tribunal que rechace la solicitud de decomiso de todos los bienes de Díaz Rúa y que se ordene poner fin a todas las medidas de coerción, y cesar las órdenes judiciales de secuestro de bienes o inmovilización de fondos en entidades financieras y mercados de valores.
Anteriormente habían atacado las declaraciones de los testigos presentados por el Ministerio Público, diciendo que muchos de los testimonios no fueron objetivos y que, por tal razón, no deben ser valorados por el tribunal para dictar su decisión.
Acusación en su contra
El titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Wilson Camacho, ha reiterado que la defensa de Díaz Rúa no tuvo fundamentos para revertir la acusación presentada por el Ministerio Público en el juicio de fondo. Mantiene que la acusación sigue fuerte y que habrá condena.