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Critican al Gobierno y a Odebrecht por reclamo de pago de “sobrecostos” por US$ 700 millones

Algunos sectores consideraron hoy que la falta de transparencia en la contratación de la Central Termoeléctrica Punta Catalina es uno de los elementos que han provocado que ahora, la empresa brasileña Odebrecht le reclame al Gobierno el pago de unos 700 millones de dólares por alegados “costos extras” y plantee un retraso de alrededor de dos años para la culminación de la obra.

De acuerdo con una publicación del periódico Listín Diario, la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE) se niega hacerse responsable de esos sobrecostos.

Con relación al tema, opinaron por vía telefónica en el programa La Súper 7 en la Mañana, que se transmite por estación radial la Súper 7 (107.7 FM), el sociólogo y activista social Carlos de Peña; el diputado del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Napoleón López y el economista Guillermo Caram.

De Peña dijo no sorprenderse porque desde el inicio, en el proyecto ha existido una crisis de transparencia sobre la operación completa de la obra, y que con el nombramiento de Jaime Aristy Escuder no hay posibilidad de auditarla porque fue uno de los miembros de la comisión que determinó que no hubo irregularidades en la licitación.

“Ahora, en términos técnicos lo que habría que ver es qué es lo que el consorcio Odebrecht-Tecnimont-Estrella, en términos contractuales, se comprometió a entregar, porque la reseña periodística habla de retrasos potenciales en la obra si no le pagan. A qué se comprometió, cuáles son los indicadores de desempeño de ese proveedor, qué posibilidades tiene el Gobierno dominicano como representante del pueblo de no pagar esos 700 millones de dólares y la obra continuar”, indicó De Peña.

Entiende que no solo están en juego los 700 millones de dólares, sino que también se plantea el retraso de la obra, así como posibles multas al Gobierno de no cumplir con el pago por supuestos sobrecostos.

De su lado, el diputado perremeísta Napoleón López aseguró que se trata de un engaño más de la empresa Odebrecht en contra del pueblo dominicano, ya que asegura que se trata de un proyecto “llave en manos”, la cual debe ser terminada con el presupuesto inicial de la obra.

“Yo llamo la atención del Gobierno, que no se deje sorprender y que no se lleve de ese reclamo que no viene al caso en este momento, que terminen la obra con el presupuesto que coincidieron inicialmente y que contrataron con el Estado dominicano”, aconsejó López.

En tanto que el economista opositor Guillermo Caram indicó que para el Gobierno sería difícil buscar 700 millones de dólares como exige Odebrecht, porque el 98% de las recaudaciones son consumidas en cargas fijas, y que todo lo que está haciendo es con préstamos.

“Entonces yo lo que creo es que esto es un ingrediente más de algo que ha empezado muy mal, eso tiene una falla de origen y estamos en una situación muy perjudicial para el pueblo dominicano, porque el presidente Danilo Medina ha presentado como su proyecto insignia, dice él que va a bajar el precio de la energía”, comentó Caram.

Insistió en que todo radica en el origen del proyecto, ya que a su entender se violó la Ley de Compras y Contrataciones.

De acuerdo con Listín Diario, entre las partidas que el consorcio reclama a la CDEEE figura una de US$ 49.2 millones por concepto de seguros, garantías, gastos legales y costos financieros como consecuencia de un déficit en el flujo de caja y facturas pendiente de pago.

También unos US$ 165.8 millones por el aumento de la altura del nivel del muelle en el puerto de Punta Catalina, la modificación del puente de acceso y la plataforma de descarga, que habrían ocasionado sobrecostos generados por “condiciones oceanográficas imprevistas encontradas durante la fase de ejecución”.

También habría un aumento del costo de la mano de obra en unos US$ 308.6 millones, a causa de una serie de retrasos y dificultades en el proyecto, que implicaron modificaciones de planos y cambios en el cronograma de trabajo.

Además, plantean en su reclamo gastos adicionales a proveedores y subcontratistas de más de US$ 43.8 millones y otros US$ 73.8 millones en concepto de “costo de obra”.

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