El operativo lo encabezó la fiscal titular Luisa Liranzo quien informó que la calificación jurídica provisiona es proxenetismo al beneficiarse de la explotación sexual de mujeres (art 334 de la ley 24-97).
De acuerdo con el expediente, el negocio obtenía beneficios de los encuentros sexuales de las mujeres, al cobrar un por ciento por concepto de «salida» de las damas que trabajaban allá.