La decisión fue tomada hasta tanto el procurador General de la República, Francisco Domínguez Brito, se pronuncie sobre la instancia en recusación hecha por los abogados de tres de las querellantes contra el fiscal Fernando Quezada y el procurador de la Corte de Apelación, Víctor González.
Molesto por lo que llamaron actitud favorable hacia la defensa del cura católico, el Ministerio Público pidió al magistrado inhibirse para que la Corte de Apelación designe a otro juez de la Instrucción.
El sobreseimiento o suspensión de la causa obligó a que el Ministerio Público y el abogado de las víctimas, Félix Portes, objetaran la decisión del juez por considerarla ilegal y violatoria de las leyes.
En plena audiencia Portes desestimó el pedido de recusación contra Quezada y González, pero el tribunal entendió que debía enviarse un auto de la Procuraduría conociendo la decisión.
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