El aumento en las tarifas fue establecido por la ordenanza 02-2017 emitida por la sala capitular, situación que provocó el rechazo de los abogados y la ciudadanía considerando exagerado el incremento.
La decisión también condena al Ayuntamiento al pago de un astreinte de dos mil pesos por cada día que se retarde en cumplir la resolución.
Aparentemente los regidores no aterrizan e intentan imponer sus apetencias sin previa consulta institucional, social ni ciudadana.