La entrada en vigencia del acuerdo fue firmado por el ministro de Relaciones Exteriores (Mirex), Miguel Vargas, y el embajador de los Estados Unidos en el país, James W. Brewster, con la presencia del Procurador General Adjunto de la República, Rodolfo Espiñeira, en representación del titular Jean Alain Rodríguez.
Previo al acto, celebrado en la sede de la Cancillería, Vargas refirió que el convenio “contempla temas como la obligación de conceder la extradición o facilitarla respecto de aquellos delitos que no eran susceptibles de ser cometidos y tipificados hace 106 años”.
El nuevo tratado consigna el establecimiento de una cooperación “más eficaz entre las partes, planteando un mayor detalle sobre los requisitos y procedimientos de entrega de personas que infrinjan la Ley, incluyendo también solicitudes de arresto provisional”.
Indicó que con la entrada en vigencia del acuerdo, se reitera el propósito de colaboración en la entrega recíproca de personas buscadas dentro de la jurisdicción de una de las partes, para su enjuiciamiento o cumplimiento de una sentencia por un delito extraditable.
De su lado, el embajador Brewster expresó que con el nuevo tratado de extradición se renueva el compromiso “para que los imputados de un crimen sean procesados por sus delitos, utilizando la extradición como una herramienta clave para reducir el crimen y mejorar la seguridad nacional”.
El nuevo acuerdo sustituye al firmado el 12 de enero del año en curso, el que a su vez lo hizo con el rubricado el 19 de junio de 1909, que entró en vigencia el 2 de agosto de 1910, refrendado por la Convención sobre Extradición de Montevideo del 26 de diciembre de 1933.